Ahora que está de moda combatir la corrupción les tocará a los candidatos a Presidente enfrentar a insistentes entrevistadores exigiéndoles que digan las medidas específicas que implementarían para eliminar la corrupción, argumentándoles estos, que el ser honesto no es suficiente, y que no lograrán nada sin mayoría en el Congreso. Creo que esa crítica es injusta y que el antiguo proverbio de que el pescado hiede por la cabeza es correcto. Un presidente capaz y honrado buscará y encontrará asesores y ministros honrados. Estos harán lo mismo con sus subordinados y la honestidad fluirá hacia abajo. Es una salida válida cuando el candidato existe y sus demás capacidades y propuestas nos satisfacen. El mayor defecto de esa solución es que es transitoria. Vale adelantar aquí, que el surgimiento de candidatos reformadores o “anti sistema” es otra vía valida para combatir la corrupción, muy similar a la anterior, pero que requiere de cambios al actual monopolio partidista.
La corrupción es un circulo siempre creciente que se retroalimenta a sí mismo dentro de cualquier organización. A más corrupción, más corruptos; a más corruptos, más corrupción, pues la organización infectada expulsa a los honestos y atrae a los deshonestos.. El círculo crece hasta que su tamaño llama la atención de un poder externo que actúa para romper el círculo. Cuando la fuerza deja de actuar, suponiendo concluida su labor, o cuando la corrupción avanza dentro del poder que la atacó, el círculo se reinicia, dando la impresión de ser una enfermedad cíclica cuando en realidad lo que sucede es que los remedios aplicados son temporales. En nuestro medio los ciclos históricos pasan por golpes militares, con las consecuencias negativas que resultan de los golpes de estado o revoluciones, a consecuencia de que los poderes son controlados por una sola persona o grupo, regímenes que comenzamos aplaudiendo pero terminamos abucheando.
También hay remedios imaginarios, porque no son reales. Entre las soluciones que no funcionan están las que parten de suponer que dejar los nombramientos en manos de instituciones técnicas o grupos selectos e independientes garantiza la honestidad de los seleccionados, repitiendo el error de las comisiones de postulación con las cuales destruimos la reserva moral de nuestra sociedad, radicada en personas notables, académicos y asociaciones profesionales, que solo deberíamos habernos atrevido a involucrar en política en situaciones de crisis extremas. Por eso, ahora que las necesitamos no las tenemos.
Otra solución falsa es la que imagina que dejar que las organizaciones decidan sus ascensos internamente garantiza la honestidad de sus miembros, subestimando el poder de la corrupción para deshacerse de los molestos honestos y comerse desde adentro a cualquier burocracia verdaderamente independiente que maneje dinero o cuyas decisiones puedan venderse bien y fácilmente. Lo vemos en los ejércitos cuando les ha tocado ejercer poder político y lo vemos hoy en la FIFA.
Las soluciones realistas deben asumir la existencia permanente o recurrente de una situación como la actual o peor, una en la cual los tres poderes del estado, las asociaciones, las universidades y los medios de comunicación están tomados o influenciados, por poderes obscuros. Ninguna propuesta que necesite de otro punto de partida para ser efectiva servirá. Una solución institucional dentro de esas circunstancias, y que ya mencionamos, es que la Ley Electoral facilite que pequeños grupos de ciudadanos, no afiliados a partido alguno, puedan postularse para puestos públicos distritales. Sin esto, las reformas al sistema electoral, en lo que anticorrupción se refiere, no servirán de nada, pero si se incluye, lejos de destruir a los partidos los forzara, a través de la competencia, a responder mejor a la ciudadanía haciéndolos más fuertes.
Ahora bien, si en verdad queremos acabar con la corrupción y dejar de estar apagando fuegos, entonces necesitamos una institución permanente, poderosa, enfocada con exclusividad en ese tema, muy difícil de corromper pero fácil de “limpiar”. Un poder tan claramente responsable de evitar la corrupción, que no pueda culpar a otro órgano cuando su gestión sea inefectiva. Para ese papel se requiere crear el “Organismo Fiscalizador”, un cuarto poder al mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, compuesto por un Presidente con al menos tres unidades funcionales bajo su mando y responsabilidad: la Contraloría General de Cuentas, una Fiscalía Anticorrupción con facultades investigativas y acusatorias, y una dirección de quejas, asuntos internos y transparencia. Obviamente, la forma de elección del Presidente del Organismo Fiscalizador es la clave, así que en próxima entrada nos tocará explicar porque no encontramos mejor solución que la de que sea electo directamente por ciudadanos que pagan el ISR.
Enrique Maza – 30 de Mayo 2015
