El Fiscal General debería ser miembro del Gabinete, reclutado, nombrado y destituido por el Presidente de la República como cualquier Ministro. Una segunda opción, sería que fuera nombrado por el Ministro de Gobernación o por un futuro Ministro de Justicia, siempre que el poder ejecutivo fuera claramente responsable de la efectividad de su labor. Esto no es una herejía, hay buenas razones para pensar así. La principal es que el haber construido tantas barreras entre el Presidente y las funciones de investigación y acusación nos ha dejado un ejecutivo impotente y una policía inoperante. por esto debemos modificar la forma de elegir al Fiscal General..
Años atrás el Jefe del Ministerio Público pasaba desapercibido. Creo que no fue sino hasta que Asisclo Valladares ejerció esa posición que adquirió visibilidad mediática. Poco después, con las reformas del 93, el Procurador General nombrado por el presidente pasó nuevamente a la oscuridad como jefe de la nueva Procuraduría General de la Nación y surgió un Ministerio Público aún más poderoso e independiente, comandado por la nueva figura del Fiscal General que hoy conocemos, seleccionado a través de un sistema de comisiones de postulación.
La persona que ejerce la posición de Fiscal General es, desde 1993, determinante para la efectividad de la justicia. A esta persona se le entrega un inmenso poder, que además puede utilizar de manera casi arbitraria. Ese poder se entrega periódicamente a personas que no responden ante nadie, seleccionadas tras un proceso con un efecto inverso a la intención de sus creadores, donde se involucran grupos de presión “buenos” y “malos”, elementos criminales, y académicos frustrados, agobiados y vencidos por un sistema de votación mal diseñado. Requerir un voto favorable de dos terceras partes es adecuado para forzar consenso antes de modificar normas previamente establecidas, pero inadecuado para la toma de decisiones impostergables. Cualquier administrador de condominio lo sabe bien, pero aparentemente, muy pocos padres de la patria.
El Fiscal General, así como el proceso de su selección, enfrentan presiones contradictorias debido a los tipos diferentes de asuntos que le corresponde al Fiscal lograr sean investigados y llevados a juicio: El crimen común perpetrado por individuos o grupos; el que involucra el aprovechamiento del poder público, o sea la corrupción; cualquier violación del gobierno a los derechos humanos y lo sucedido durante el conflicto armado. Demasiado para quien no es, ni puede ser, un ángel vengador caído del cielo.
Para resolver esta maraña debemos preguntarnos cuál es la función principal, la razón de ser de este puesto. Debe ser obvio que se trata del combate al crimen que llamé “común”. Para esa función lo mejor es que el Ministerio Público, sin perder las autonomías necesarias para su buen funcionamiento, sea dirigido por una persona responsable ante el ejecutivo y que el Presidente sea políticamente responsable ante el electorado por el desempeño de esa persona. La complicación que armamos para su nombramiento se debe a otra función, también importante -la de perseguir la corrupción en el gobierno- razón por la cual, contrario a la anterior lógica, se estimó conveniente apartarlo del mismo. La mejor solución a esta contradicción está en separar nuevamente las funciones, delegando la persecución de la corrupción en un ente separado para quitarle esa responsabilidad al Fiscal General.
Nos queda analizar lo que el proceso de nombramiento pueda afectar su desempeño en defensa de derechos violados por el Gobierno, y lo del conflicto armado. Para las fallas del Fiscal en lo primero existe la vigilancia y el poder moral de denuncia que tiene la PDH, pues para eso es que se creó. Para lo segundo es inútil intentar diseñar un proceso que resulte en un Fiscal “neutral”. No es posible lograrlo. Nadie, ni entre nosotros ni en el extranjero, carece de prejuicios sobre ese tema, ni fiscales, ni jueces, ni comentaristas, y no será posible una justicia apolítica al juzgar esos sucesos, como nunca lo ha sido tras conflicto armado alguno, en especial cuando no se busca justicia sobre un hecho en particular, sino establecer una verdad y responsabilidad general e histórica a través de un fallo judicial.
No nos perdamos en el pasado. Para adelante, lo importante es que si hacemos los cambios ya señalados tendremos un sistema mucho más efectivo. Tendremos un gobierno obligado a responder ante los votantes por su efectividad en la persecución del crimen y un Organismo Fiscalizador que responderá por la efectividad en la persecución de la corrupción. Es lógico, es viable, y es un cambio que debemos exigir.
Enrique Maza – 18 de Julio de 2015
